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• Las normas de género influyen en la experiencia de corrupción que viven las mujeres cuando acceden a servicios públicos. La corrupción obstaculiza el acceso de las mujeres a servicios de salud de calidad, de los que suelen depender en mayor medida debido a una combinación de normas sociales y sus necesidades de atención de la salud reproductiva.
• Los efectos más notables de la corrupción en las mujeres suelen producirse en los lugares de prestación de los servicios, donde interactúan los proveedores y los usuarios, y se producen las exigencias extorsivas de sobornos u otros actos ilícitos. Sin embargo, otras formas menos visibles de corrupción por parte de administradores de nivel medio y altos funcionarios pueden tener efectos igualmente perniciosos en el acceso de las mujeres a los servicios de salud.
• Las desigualdades materiales de género, por ejemplo la posesión de menos activos financieros por parte de las mujeres o un menor control sobre los mismos, puede reducir su capacidad para pagar sobornos materiales. En los últimos veinte años, hallazgos de investigación han revelado cómo individuos corruptos en posiciones de autoridad extorsionan con actos sexuales a cambio de bienes o servicios a los que la persona afectada tiene derecho, un fenómeno comúnmente conocido como "sextorsión".
• Los trabajos recientes de Bjarnegård et al. (2024a) han tratado de ampliar el concepto de corrupción sexual más allá de una visión estrecha de la "sextorsión" para abarcar también situaciones donde personas con autoridad solicitan o aceptan actos sexuales a cambio de otorgar privilegios injustificados.
• Los intentos de evaluar la magnitud de la corrupción sexual mediante encuestas representativas han revelado que se trata de una práctica muy extendida en todo el mundo.
• Cuando el pago de sobornos al personal judicial o administrativo se convierte en un requisito previo para acceder al sistema judicial, el acceso relativamente más limitado de las mujeres a los recursos económicos y al control de los mismos implica que se les priva de justicia con más frecuencia que a los hombres. La desigualdad de género puede ser especialmente marcada cuando los procedimientos judiciales guardan relación con la propiedad, mientras que la corrupción en las instituciones formales de justicia puede orillar a las mujeres hacia mecanismos informales de justicia.
• A pesar de sufrir de manera desproporcionada el impacto de género de la corrupción, nuevos datos indican que las mujeres parecen ser menos propensas que los hombres a denunciar la corrupción. Es probable que las desigualdades de género expliquen este fenómeno, incluida la percepción fundada de sesgo de género en la tramitación de los casos de corrupción, la falta de recursos financieros de las mujeres y su mayor temor a sufrir represalias y revictimización.
• En los sistemas donde el reclutamiento político no se controla mediante sistemas basados en el clientelismo y dominados por los hombres, las mujeres tienen más probabilidades de acceder a cargos electos. Una vez allí, hay datos empíricos contundentes que demuestran que las mujeres tienen incentivos y capacidad para desarticular las redes que perpetúan la corrupción política.
• Aunque una mayor proporción de mujeres en cargos electos se correlaciona con menores niveles de corrupción, existen teorías opuestas sobre las causas, como su marginación de las redes de élite dominadas por hombres y su mayor preocupación por el buen funcionamiento de los servicios públicos.