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Por favor, presente un visión general de los impactos de la corrupción desde el punto de vista del género y del papel de la mujer en la prevención de la corrupción.

Impacto de la corrupción en la capacidad de niñas y mujeres para acceder a servicios de salud asequibles y de calidad

Impacto de la corrupción en el acceso de las mujeres a los servicios de salud

Índices de contacto y soborno de las mujeres con los servicios de salud

La socialización de los roles de género y las normas sociales influyen en la experiencia de corrupción que viven las mujeres cuando acceden a los servicios de salud. Debido a los roles de género estereotipados, en promedio las mujeres asumen una mayor responsabilidad como cuidadoras principales de los hijos y adultos mayores (Eagly y Wood 2016). Además, debido a las necesidades específicas de cada sexo, especialmente durante su edad reproductiva, y al hecho de que algunos problemas de salud afectan de forma desproporcionada o exclusiva a las mujeres (Habib et al 2021), estas suelen interactuar con los profesionales de la salud con más frecuencia que los hombres (Devrim 2021; Nawaz y Chêne 2009; Sen et al. 2007). Un estudio realizado en Nicaragua reveló que las mujeres constituyen casi dos tercios de todos los pacientes de los centros de salud pública (Transparency International 2014). Como consecuencia de su estatus socioeconómico y de su posición como cuidadoras, las mujeres tienden a interactuar más con los servicios de salud públicos y a depender más de ellos (ONUDD 2020: 20).

Debido a esta mayor incidencia de contacto con los servicios de salud -y a la serie de normas sociales y factores biológicos que hay detrás-, las mujeres pueden estar más expuestas que los hombres a la corrupción en la atención de la salud (Bauhr y Charron 2020; Transparency International 2010). Los datos de una encuesta regional de hogares en toda América Latina y el Caribe indican que hay más probabilidades de que las mujeres paguen sobornos para acceder a los servicios de salud que los hombres (Transparency International 2019a). Del mismo modo, una encuesta a nivel nacional en Perú descubrió que, si bien en general las mujeres pagaban menos sobornos que los hombres, no sucedía lo mismo en el sector salud, donde era más probable que las mujeres declararan haber pagado un soborno (Proetica 2017). Estudios más recientes realizados en la República Democrática del Congo revelaron que las mujeres tenían más probabilidades que los hombres (42% frente a 36%) de afirmar que la posibilidad de enfrentarse a la corrupción al acceder a los servicios de salud era "muy alta" (Bergin 2024: 44- 47).

Este panorama se ve agravado por los datos de la 9ª ronda de encuestas del Afrobarómetro (2024), según los cuales, en los 39 países estudiados, las mujeres eran ligeramente menos propensas a declarar haber pagado un soborno para acceder a la atención médica que los hombres (19.9% frente a 21.8%). Ouedraogo et al. (2024) se basaron en datos de la octava ronda de encuestas del Afrobarómetro para investigar la relación entre el pago de sobornos en el sector salud y el acceso a dichos servicios. Descubrieron que las diferencias entre hombres y mujeres eran mínimas: la corrupción en el sector salud está asociada a la falta de acceso a la atención médica tanto para hombres como para mujeres. De hecho, las mujeres de las regiones subnacionales con una elevada incidencia de sobornos en el sector salud eran ligeramente menos propensas que los hombres a declarar que se habían quedado sin acceso a la atención médica en múltiples ocasionesb5ac27d87a2a (Ouedraogo et al. 2024).

Otro estudio sobre el impacto de género de la corrupción en Albania descubrió que, aunque hombres y mujeres eran igualmente susceptibles de que se les pidiera un soborno para acceder a los servicios de salud, estas peticiones pueden ser más perjudiciales para las mujeres y, en especial, para las madres solteras, ya que la disparidad salarial de género y la falta de servicios adecuados para el cuidado de la infancia hacen que, por lo general, sean más pobres que los hombres (Devrim 2021): 25). Además, cabe señalar que son sobre todo las mujeres quienes asumen la carga del trabajo de cuidados no remunerado cuando sus familias no pueden acceder a la atención médica (Transparency International Zimbabue 2020: 29).

Riesgos de corrupción específicos de género en los servicios de salud

Más allá de la simple proporción de sobornos para acceder a los servicios de salud, existe evidencia de que las mujeres pueden correr un mayor riesgo cuando otras formas de corrupción se vuelven endémicas en los sistemas de atención de la salud, debido a las desigualdades socioeconómicas existentes y a las dinámicas de poder determinadas por el género (Devrim 2021).

En el punto de prestación de los servicios, Sen et al. (2007) observaron que las mujeres hospitalizadas o en estado físico precario tienen más dificultades que los hombres para oponerse a prácticas corruptas depredadoras como la facturación excesiva. Un estudio reciente realizado en Madagascar, por ejemplo, reveló un alto riesgo de que los proveedores de servicios de salud cobren excesivamente a las mujeres por las píldoras y los implantes anticonceptivos cuando consultan los servicios de planificación familiar (Bergin 2024: 31). Esto coincide con estudios anteriores que descubrieron que en clínicas de Kenia se cobraba a las usuarias de los servicios precios superiores a los oficiales por las píldoras anticonceptivas orales (Tumlinson et al. 2013). Las asimetrías de información entre las pacientes y los proveedores de servicios de salud en relación con la necesidad de ciertos procedimientos y los costos asociados pueden aumentar el riesgo de este tipo de corrupción en el punto de prestación de servicios (Camacho 2023; Devrim 2021: 10). Ciertos grupos de la población, como las mujeres de edad avanzada, las que viven en zonas rurales o las discapacitadas, pueden verse especialmente perjudicadas por las actitudes discriminatorias hacia los roles de género y la falta de información (Devrim 2021: 18).

Además, algunas modalidades de atención especializada presentan riesgos específicos, también en relación con la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Una reciente revisión bibliográfica concluyó que la corrupción desvía fondos de la asistencia obstétrica y empeora la calidad de los servicios de maternidad y perinatales (Camacho 2023). Una encuesta a gran escala realizada en Madagascar a más de 4,500 personas identificó al parto materno como un área de alto riesgo para la corrupción, en forma de honorarios ilícitos exigidos por las parteras y procedimientos de cesárea innecesarios (Bergin 2024: 31). Hallazgos de investigación en Hungría y Albania indican que se obliga a las mujeres que acaban de dar a luz a pagar un soborno para ver a su bebé o para garantizar la presencia de un médico durante el parto (Devrim 2021: 26-27; Kremmer 2020: 26; Rheinbay and Chêne 2016). Un estudio realizado por Stepurko et al. (2015) sugirió que, en ese entonces en Ucrania, el 50% de las mujeres que daban a luz en centros institucionales declaraban haber realizado pagos informales al personal de salud. Un estudio de la Federación de Abogadas de Kenia (2007) reveló que el personal médico a menudo desatendía por completo a las mujeres que no podían pagar las tarifas no oficiales de los métodos de planificación familiar.

Además, este tipo de pagos informales pueden disuadir a las madres con bajos ingresos de dar a luz en hospitales, poniendo así vidas en peligro (Camacho 2023). En Kenia, por ejemplo, los honorarios y el requisito de que las madres compraran materiales básicos como guantes y desinfectantes para usar durante el parto implicaban que las mujeres que no podían permitirse estos artículos corrieran un mayor riesgo (Pandolfelli y Shandra 2013; Sommer 2019). No es sorprendente que varios estudios cuantitativos han señalado una correlación entre la corrupción y la tasa de mortalidad infantil y materna (Muldoon et al. 2011; Pinzón-Flórez et al. 2015; Ruiz-Cantero 2019).

Mientras tanto, los procedimientos innecesarios, en particular las cesáreas, pueden presentar oportunidades lucrativas para los proveedores de servicios de salud y también pueden utilizarse para acelerar los partos en clínicas con poco personal (un problema al que puede contribuir la corrupción) (Camacho 2023). Un modelo de regresión lineal multivariante desarrollado por Ortega et al (2020) sugirió que un aumento anual de un punto porcentual en la relación entre los flujos financieros ilícitos y el comercio total se asoció con un descenso del 0.46% en el nivel de cobertura de la planificación familiar y del 0.31% en el porcentaje de mujeres que recibieron atención prenatal (Ortega et al. 2020).

La planificación familiar y la atención relacionada con el aborto pueden implicar áreas sensibles o estigmatizadas con grandes diferencias de poder entre pacientes y trabajadores de salud. Esto, combinado con las desventajas socioeconómicas a las que se enfrentan las mujeres, puede aumentar el riesgo de formas de corrupción extorsivas y dificultarles la denuncia de casos de corrupción y el acceso a la justicia (McGranahan et al. 2021). Schoeberlein (2021) presenta una visión más detallada de cómo la corrupción socava los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres.

La delimitación de la prestación de servicios de salud y el registro de los beneficiarios previstos puede verse falseada por la corrupción, como ocurrió al parecer en Ruanda, donde las madres solteras que fueron excluidas de un programa de protección social que proporcionaba asistencia médica afirmaron que otras personas habían sobornado a las autoridades locales para ser añadidas a la lista en su lugar (Bergin 2024: 47).

Por ello, los efectos más notables de la corrupción en las mujeres suelen producirse en el punto de prestación de servicios, donde interactúan proveedores y usuarios, y se exigen sobornos o comisiones adicionales ilícitas. No obstante, formas menos visibles de corrupción pueden tener efectos igualmente perjudiciales en el acceso de las mujeres a los servicios de salud.

El sector salud se caracteriza por grandes flujos de dinero, asimetrías de información, equipos especializados, estructuras organizacionales complejas y la dependencia de grupos de población objetivo a menudo vulnerables (Abisu Ardigó, y Chêne 2017; Cooper et al. 2019; Hutchinson et al. 2019; Schoeberlein 2021). Estos factores crean oportunidades para el abuso corrupto de poder en la gestión de recursos como personal, bienes, suministros y presupuestos.

La corrupción de las altas instancias públicas puede adoptar la forma de influencias indebidas que desvirtúan la política de salud y la asignación de los recursos disponibles, así como de malversaciones a gran escala que desvían fondos y agravan la escasez de infraestructuras, suministros y personal médico (Hsiao et al. 2019; Onwujekwe et al. 2018). En los países con una alta incidencia de corrupción, la inversión total en servicios de salud suele ser menor (Schoeberlein 2021: 8). En estos contextos, los recursos públicos que se destinan al sector salud suelen asignarse a proyectos de prestigio a gran escala, como hospitales nuevos equipos costosos, que propician el desvío ilícito de fondos, mientras que los servicios de menor escala y geográficamente dispersos, como los centros locales de planificación familiar y las clínicas de salud sexual, siguen sin recibir financiación suficiente (Onwujekwe et al. 2018: 13).

Incluso después de que los fondos presupuestarios se han destinado a los servicios de salud y han sido recibidos por los centros de salud, varias formas de corrupción pueden reducir la calidad y la cantidad de los servicios de salud, entre ellas el nepotismo en la contratación de personal especializado, sobornos durante las adquisiciones, trabajadores fantasmas y fraude (Abisu Ardigó y Chêne 2017; Cooper 2019). Por ello, la corrupción en toda la cadena de valor del sector salud puede provocar largos tiempos de espera, mala calidad del servicio, acceso insuficiente a los medicamentos y otros problemas que podrían ser cuestión de vida o muerte.(World Bank Group 2015)

Hay indicios de que el impacto de estas formas de corrupción afecta desproporcionadamente a las mujeres, a quienes Nawaz y Chêne (2009) caracterizan como las que "absorben el impacto" de la corrupción de las autoridades públicas en el sector salud. Esto se debe a dos factores.

En primer lugar, en muchos casos es el trabajo de cuidados no remunerado que realizan las mujeres el que cubre las lagunas en la prestación de servicios de salud creadas por la corrupción (Transparency International Zimbabue 2020: 29).

En segundo lugar, aunque la evidencia empírica aún es limitada, Devrim (2021: 15) sugiere que cuando la corrupción a gran escala reduce el presupuesto disponible, los servicios de salud de la mujer podrían ser especialmente vulnerables a los recortes presupuestarios, sobre todo en zonas donde las mujeres están infrarrepresentadas políticamente (Bullock y Jenkins 2020). Al parecer, es más probable que los suministros sanitarios y farmacéuticos de las mujeres se facturen en exceso o se ''pierdan'' debido a la corrupción en los procesos de abastecimiento; Goetz y Jenkins (2004) afirman que esto se debe a que los gobernantes consideran que las mujeres, como grupo de negociación colectiva, carecen de la influencia política necesaria para oponerse a las prácticas corruptas. Esta negligencia puede tener consecuencias mortales para las mujeres que necesitan desesperadamente estos medicamentos y equipos.(Sen et al. 2007; UNDP 2010)

Mpambije (2017) y Camacho (2023) ofrecen numerosos ejemplos de casos en que esquemas corruptos privaron de financiación a los servicios de salud materna y perinatal y produjeron un deterioro de los resultados de los servicios de salud para mujeres y menores.

Corrupción sexual en la prestación de servicios de salud

Aunque existen pocos estudios específicos sobre la corrupción sexual en el sector salud, hay cierta evidencia de que el fenómeno está muy extendido (Coleman et al. 2024). Los datos del Barómetro Global de la Corrupción muestran que en América Latina, el Caribe, Medio Oriente y el Norte de África, una de cada cinco personas ha experimentado o conoce a alguien que ha experimentado corrupción sexual al acceder a servicios gubernamentales como salud o educación (Transparency International 2019b).Aunque los hombres y los niños también pueden estar expuestos a formas de corrupción sexual, es más probable que las mujeres sean atacadas (Cooper y Cushing, 2020). Una encuesta realizada en América Latina, por ejemplo, reveló que es más probable que las mujeres expresen la opinión de que la corrupción sexual ocurre al menos ocasionalmente (Transparency International 2019c). En parte, esto se debe a las desigualdades materiales de género; el hecho de que las mujeres posean generalmente menos activos financieros -o tengan menos control sobre ellos- puede hacer que tengan menos capacidad para pagar sobornos materiales,7bf76f6a2eba lo que puede propiciar que individuos corruptos abusen de sus posiciones de autoridad para coaccionar y explotar a las mujeres en actividades sexuales a cambio de dinero en efectivo u otros bienes materiales (Transparency International 2020a). Cuando la corrupción sexual en el sector salud se convierte en conocimiento público entre los usuarios de los servicios, es probable que perjudique el avance hacia la cobertura universal de salud al desanimar a las mujeres y las niñas a acceder a la atención médica cuando la necesiten (Coleman et al. 2024).

La corrupción sexual en el sector afecta tanto a los trabajadores del sector salud como a los usuarios de los servicios. Estudios recientes realizados en la República Democrática del Congo, Madagascar y el Reino Unido han documentado múltiples casos en los que supervisores varones solicitan sexo a mujeres estudiantes de medicina a cambio de empleos y buenas calificaciones (McDonald y Jenkins 2021; 30-31; Bergin 2024: 45; Gallagher et al 2023). Kirya (2019) también ha documentado cómo la corrupción sexual, especialmente dirigida a las enfermeras, se relaciona con las prácticas de contratación y promoción.

Papel de las mujeres en la prevención de la corrupción en el sector de la salud

Hay pocos estudios que analizan el papel que pueden desempeñar las mujeres en la lucha contra la corrupción en el sector de la salud. Sin embargo, algunos autores han sugerido que, debido a su frecuente papel social como cuidadoras, las mujeres tienen un interés particular en la prestación de servicios públicos eficientes y en un Estado que funcione bien y sin corrupción y que pueda ofrecer bienes públicos en el ámbito del bienestar social (Wangnerud 2015). Algunos ensayos controlados aleatorizados han indicado que las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de hacer un mal uso de los recursos de la asistencia social (J-PAL 2015). Dado que las mujeres representan casi el 70% del personal de salud mundial (Cooper y Cushing 2020: 15), su papel potencial a la hora de combatir las prácticas corruptas en el sector salud podría ser objeto de más estudios. Esta labor debería tener en cuenta el hecho de que, en muchos países, los hombres siguen estando sobrerrepresentados en los puestos directivos, mientras que las mujeres constituyen la gran mayoría de las enfermeras y administradoras del sector (Devrim 2021: 11).

Otros autores han propuesto reforzar el papel de las mujeres en las estrategias orientadas a la demanda para frenar la corrupción en los servicios de salud, incluso mediante audiencias públicas, vigilancia comunitaria y otras herramientas de responsabilidad social que amplifiquen las voces de los grupos desfavorecidos, como las mujeres en situación de pobreza (Naher et al. 2020). Resulta alentador que, en un estudio reciente en el que se organizaron grupos focales con niñas adolescentes y mujeres jóvenes que viven en barrios marginales de Uganda se descubrió que muchas de ellas pensaban que la reducción de la corrupción mejoraría notablemente la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva (McGranahan et al. 2021).

Corrupción sexual

Impacto de la corrupción sexual en las mujeres

En la última década, se ha prestado cada vez más atención académica y política a las formas de corrupción que no implican (únicamente) el intercambio de dinero o bienes físicos. En este debate ha destacado la extorsión de actos sexuales por parte de quienes ocupan puestos de autoridad como parte de alguna transacción quid pro quo. Este fenómeno ha sido denominado "sextorsión"3bbd1ff40f0b por la Asociación Internacional de Juezas (2012), que determinó que consta de tres elementos constitutivos.

En primer lugar, hay una petición implícita o explícita de participar en cualquier tipo de actividad sexual no deseada. En segundo lugar, la persona que exige o acepta la actividad sexual debe ocupar una posición de autoridad, abusando de ella al tratar de exigir o aceptar un acto sexual a cambio de ejercer el poder que se le ha confiado. En tercer lugar, existe un quid pro quo, por el que el agresor exige o acepta un acto sexual a cambio de un beneficio que está facultado para retener o conferir.

Los estudios recientes de Bjarnegård et al. (2024a) han tratado de ampliar la comprensión de la corrupción sexual más allá de una visión más estrecha de la "sextorsión", en la que personas en posiciones de autoridad extorsionan con actos sexuales a cambio de bienes o servicios a los que la persona afectada tiene derecho. En su opinión, además de esta forma "opresiva" de corrupción sexual, también existen casos "oportunistas" de corrupción sexual, en los que personas con autoridad encomendada solicitan o aceptan actos sexuales a cambio de proporcionar privilegios injustificados.

Figura 1: Abuso de autoridad en la corrupción sexual

Así, mientras que la definición tradicional de sextorsión no abarcaba los "sobornos sexuales" iniciados por quienes buscan obtener una ventaja, la conceptualización más amplia propuesta por Bjarnegård et al. (2024: 9) sí incluye estos escenarios. No obstante, los autores insisten en señalar que, aunque es posible que la persona en posición de autoridad no siempre sea la que inicie, proponga o solicite actos sexuales como parte de un quid pro quo, la responsabilidad del abuso de poder siempre recae sobre ella. La definición de corrupción sexual que proponen los autores se centra, por tanto, en la persona a la que se ha confiado autoridad y no en la otra parte: "la corrupción sexual se produce cuando una persona abusa de la autoridad que se le ha encomendado para obtener un favor sexual a cambio de un servicio o beneficio relacionado con la autoridad encomendada" (Bjarnegård et al. 2024b).

Durante muchos años, la corrupción sexual siguió siendo un fenómeno prácticamente invisible (Eldén et al. 2020: 43). Más recientemente, se han realizado tentativas para evaluar la magnitud de la corrupción sexual, que han revelado que está muy extendida en todo el mundo (Eldén et al. 2020: 108). La encuesta de hogares del Barómetro Global de la Corrupción (GCB, por sus siglas en inglés) ha demostrado que en América Latina, el Caribe, Oriente Medio y el Norte de África, una de cada cinco personas ha sufrido o conoce a alguien que ha sufrido extorsión sexual al acceder a servicios gubernamentales como la prestación de asistencia de salud o la educación (Transparency International 2019d; Transparency International 2019e). En Asia, los datos del GCB sugieren que una de cada siete personas ha sufrido o conoce a alguien que ha sufrido corrupción sexual (Transparency International 2020b).Una encuesta realizada en 2019 en Zimbabue reveló que el 57 % de las mujeres encuestadas declararon que habían tenido que ofrecer favores sexuales a cambio de puestos de trabajo, atención médica o cuando buscaban plaza en escuelas para sus hijos (Transparencia Internacional Zimbabue 2019).

Una investigación reciente sobre la corrupción en el sector de la educación en la República Democrática del Congo reveló que el 48% de los encuestados pensaba que las madres de los niños en edad escolar corrían riesgo de corrupción sexual al interactuar con el personal escolar (Bergin 2024: 23- 24). Una encuesta nacional representativa de mujeres en Macedonia del Norte mostró que el 21.5% de las encuestadas opinaba que la extorsión sexual por parte de funcionarios públicos ocurre "con mucha frecuencia". Aunque el 5.4% de las encuestadas afirmaron haber sido ellas mismas víctimas, sólo el 37% de esas mujeres declararon que estarían dispuestas a denunciar su caso a las autoridades (OSCE 2021a: 47- 48).

La corrupción sexual puede afectar tanto a hombres como a mujeres (Lundgren et al. 2023); un estudio reciente realizado en cinco países africanos identificó un caso en el que la víctima era un varón (Bergin 2024: 47- 49). Sin embargo, la evidencia empírica indica claramente que la corrupción sexual afecta de forma desproporcionada a las mujeres y niñas (Bjarnegård et al. 2022). Un estudio realizado en Sudáfrica reveló que el 84% de las víctimas de corrupción sexual eran mujeres (Hlongwane 2017).

Su sexo biológico y su identidad de género pueden hacer de las mujeres y las niñas blanco de abusos sexuales de poder. Como señaló un migrante entrevistado para un informe sobre la corrupción durante las migraciones irregulares y forzosas, "nosotros, los hombres, damos dinero [a los funcionarios], pero para las mujeres es el doble". Ellas siempre tienen que pagar este precio doble" (Merkle et al. 2017).

Además, la discriminación de género puede significar que, por lo general, las mujeres poseen menos activos financieros, o tienen menos control sobre los mismos. La desigualdad de ingresos y riqueza entre hombres y mujeres puede reducir la capacidad de las mujeres de pagar sobornos en efectivo, lo que a su vez conduce a que personas corruptas abusen de sus posiciones de autoridad para coaccionar y explotar a las mujeres en actividades sexuales a cambio de sobornos en efectivo (Transparency International 2020a; Mumporeze et al. 2019). Una mujer sudafricana de Johannesburgo declaró que "si no tengo dinero para sobornar al empleado de la empresa de abastecimiento de agua, abusará sexualmente de mí, porque es lo único valioso que puedo darle"(NDP-SIWI Water Governance Facility 2017).

Estos testimonios subrayan el hecho de que las formas monetarias de corrupción y la corrupción sexual no se producen por separado. Los agresores pueden exigir una de las dos cosas cuando la otra no está disponible, pero se han registrado casos en los que se ha coaccionado a mujeres tanto a pagar un soborno como a realizar un acto sexual (Bergin 2024: 47- 49).

Un importante factor de riesgo es que los autores de actos de corrupción sexual -a menudo funcionarios públicos- pueden dar por sentado que las mujeres carecen de acceso a la justicia, desconocen sus derechos o carecen de protección laboral formal (Boehm y Sierra 2015). Por ello, ciertos tipos de mujeres para las que es más probable que esto ocurra pueden estar más expuestas a la corrupción sexual que otras (Hagglund y Khan 2024). Las participantes en los grupos de sondeo de Ruanda expresaron su opinión de que las viudas, las mujeres solteras y las divorciadas tenían más probabilidades de ser objeto de ataques (Bergin 2024: 47- 49). Se cree que otros factores de riesgo son la pobreza (ONUDD 2020), el analfabetismo, vivir en zonas rurales, así como marcadores de precariedad como la condición de discapacidad y la falta de protección jurídica que sufren muchos inmigrantes (Bergin 2024: 47-49; Caarten et al. 2022; Merkle et al. 2017; Merkle et al. 2023). Además, se cree que las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales diversas (SOGIESC, por sus siglas en inglés) son especialmente vulnerables a las formas sexuales de corrupción (Abut 2022).

La corrupción sexual se produce en una amplia gama de contextos, especialmente en los "puntos de presión" en los que está en juego el sustento de las víctimas o de su familia, como cuando se trata de obtener títulos de propiedad, permisos de trabajo, acceso al agua, vivienda, asistencia médica, empleo o cualificaciones (Bergin 2024: 47-49; Merkle et al. 2023). Los datos indican que muchos sectores se ven afectados, entre ellos, la salud, educación, tierra, deportes, agua y saneamiento, el poder judicial y la aplicación de la ley (McDevitt 2022; Merkle et al. 2023; Sundström y Wängnerud 2021; Transparency International 2020a). Krook (2020) ha documentado cómo incluso las mujeres que aspiran a cargos políticos -que con frecuencia provienen de sectores más favorecidos de la sociedad- se han visto expuestas a la corrupción sexual a cambio de ser aceptadas en las listas de candidatos de los partidos y de recibir el apoyo de estos para las campañas electorales.

Aunque el impacto de la corrupción sexual aún no se ha documentado adecuadamente, puede deducirse en parte de la amplia bibliografía sobre el impacto de otras formas de violencia de género, como la violación y la explotación sexual. La extorsión sexual es una forma de abuso sexual que la persona sobreviviente puede experimentar como un acto traumático de violencia, y que podría tener consecuencias similares para su salud social, física y mental. De hecho, cada vez hay más evidencia procedente de múltiples países que indican que la corrupción sexual tiene graves repercusiones psicológicas, físicas, económicas y sociales en las personas que la sufren.Entre ellas figuran abandono escolar, embarazos, abortos en condiciones de riesgo, contagio de enfermedades de transmisión sexual, problemas de salud mental, menor credibilidad en la comunidad, abandono de un trabajo bien remunerado o renuncia a los servicios públicos para evitar exponerse a nuevos abusos (Bergin 2024: 47-49; Caarten et al. 2022; Mumporeze et al. 2019; Transparency International 2020a). El drástico efecto que esto puede tener en la psicología y la autoestima de una persona se documenta en los estudios de casos de corrupción sexual en la policía y las universidades de medicina de Madagascar descritos por McDonald y Jenkins (2021): 27- 31). Otra investigación realizada en Madagascar ha documentado que las víctimas de corrupción sexual en las escuelas, que suelen ser menores de edad, a menudo no reciben ningún tratamiento psicológico ni apoyo de trabajadores sociales y psicólogos capacitados (Bergin 2024: 47- 49).

Papel de las mujeres en la lucha contra la corrupción sexual

Existen importantes barreras legales, sociales y culturales para enfrentarse a la corrupción sexual.

La corrupción sexual es particularmente difícil de enjuiciar (Eldén et al. 2020: 55). En muchos países, la legislación o los códigos de conducta no definen, explican o prohíben la práctica de quienes ocupan puestos de poder de condicionar la prestación de un servicio o beneficio a un acto sexual (Francia 2022). La corrupción sexual puede ser tanto una forma de corrupción como de violencia de género (Merkle 2024), y la mayoría de las jurisdicciones se apoyan en un entramado legislativo que no cubre todas las expresiones de corrupción sexual descritas por Bjarnegård et al. (2024a).

Eldén et al. (2020: 49-50) sostienen que las asimetrías de poder entre víctima y agresor en los casos de corrupción sexual implican que el consentimiento ha sido coaccionado en lugar de haberse ofrecido libremente. Sin embargo, Eldén et al. (2020) reconocen que los fiscales pueden enfrentarse a problemas probatorios en torno a la cuestión del consentimiento en el marco de la violencia de género (véase también UNODC 2020: 46), sobre todo porque las formas no físicas de coacción pueden no estar reconocidas (Carnegie 2019). Al mismo tiempo, en el marco jurídico para combatir la corrupción, algunos países solo penalizan la corrupción cuando hay sobornos monetarios de por medio, y las víctimas podrían ser procesadas como sobornadoras (Francia 2022). Un trabajo reciente de Bauhr et al (2024a) ha aportado claridad sobre el modo en que distintas jurisdicciones (Nigeria y Brasil) intentan actualmente reforzar su marco legislativo para que la corrupción sexual sea más fácil de perseguir, al tiempo que se protege a las víctimas.

La corrupción sexual en el sistema judicial es especialmente preocupante dado que puede dificultar el acceso de las personas sobrevivientes a la justicia (de Castro 2018). Además, muchos casos no se denuncian por miedo a las represalias, así como por el estigma social y los tabúes culturales (World Vision 2016). Otros obstáculos para denunciar los incidentes de corrupción sexual son la vergüenza, el miedo a sufrir represalias, la retraumatización y la inexistencia de un mecanismo de denuncia que tenga en cuenta las cuestiones de género y reconozca los aspectos específicos del delito (Sundström y Wängnerud 2021): 16). Resulta revelador que, según una amplia encuesta realizada en el sector educativo de Madagascar, aunque el 80% de las personas encuestadas creía que los ciudadanos eran libres de denunciar la corrupción, sólo el 25% creía que las mujeres y las niñas disponían de un espacio seguro en las escuelas para denunciar la corrupción sexual (Bergin 2024: 47- 49).

Incluso cuando se denuncian casos de corrupción sexual, suele ser difícil encontrar pruebas en ausencia de testigos. Además, aunque en algunos países existen mecanismos para hacer frente a la corrupción sexual, como el traslado del personal culpable a otra institución, rara vez reflejan la gravedad del delito (Bergin 2024: 47- 49).

Por lo tanto, se requiere una estrategia multidimensional para reducir los índices de corrupción sexual. Esto podría implicar el establecimiento de definiciones legales y penas para sancionar los abusos sexuales de poder y reforzar los canales de denuncia sensibles al género. Algunos autores sugieren incorporar disposiciones que prohíban expresamente la corrupción sexual en los códigos de conducta de las organizaciones como "puente" a corto plazo hasta que puedan modificarse los marcos jurídicos para afrontar el fenómeno (OSCE 2021a: 48).

Además, los esfuerzos preventivos podrían tratar de profundizar en la independencia financiera y social de las mujeres, así como implicar tanto a hombres como a mujeres en un cambio cultural para superar las normas sociales tradicionales que suelen culpar a la víctima en los casos de corrupción sexual (Bergin 2024: 47-49; Eldén et al. 2020: 96; Hagglund and Khan 2024; Merkle et al. 2023; OSCE 2021a: 47). En particular, Bjarnegård et al. (2022) sostienen que cuestionar las "normas descriptivas informales sobre la masculinidad" y las "normas imperativas informales sobre el comportamiento sexual femenino" es fundamental para reducir la impunidad de los autores de corrupción sexual. Las campañas de concientización también podrían dirigirse a las comunidades locales, los periodistas y los funcionarios públicos, que, según las investigaciones, son capaces de reconocer los casos de extorsión sexual, pero no los perciben como una forma de corrupción (OSCE 2021a: 46, 49).

Impacto de la corrupción en el acceso de las mujeres a la justicia

Impacto de la corrupción en el acceso de las mujeres a la justicia

La discriminación histórica y estructural de mujeres y niñas ha dado lugar a un acceso desigual a los recursos, la justicia y los derechos en muchas partes del mundo. La discriminación priva a las mujeres de oportunidades para participar plenamente en la vida social, económica y política, incluido el sector de la justicia. Las mujeres están infrarrepresentadas en los sistemas de justicia formales e informales de todo el mundo (Naciones Unidas 2024). El desequilibrio de género es especialmente pronunciado en los tribunales superiores (Malik 2021; OCDE 2023) y en los mecanismos de justicia transicional (ONU Mujeres 2020: 34).

Una revisión de la literatura indica que, en primer lugar, las mujeres pueden verse más afectadas por la corrupción en el sector de la justicia y, en segundo lugar, las desigualdades de género menoscaban la capacidad de las mujeres para denunciar la corrupción.

Cómo afecta la corrupción a las mujeres que buscan justicia

Nyamu-Musembi (2007) ha señalado que en los contextos en los que el pago de sobornos al personal judicial o administrativo se convierte en un prerrequisito para acceder al sistema judicial, el acceso relativamente menor de las mujeres a los recursos financieros y al control sobre los mismos significa que se les deniega la justicia con mayor frecuencia. Esto es particularmente cierto en casos judiciales donde la resolución judicial está prácticamente «en venta» al mejor postor y donde una parte litigante es una mujer y la otra un hombre (OSCE 2021b: 15). Feather (2022) documenta cómo la corrupción judicial en Marruecos ha permitido los matrimonios de menores y polígamos,d5c0efe618e5 al tiempo que ha concedido impunidad a los hombres por delitos sexuales y violencia doméstica. Del mismo modo, varios estudios realizados en Uganda revelaron que las mujeres tienen poca confianza en que la policía investigue correctamente los casos de violación y violencia doméstica debido a prácticas corruptas, como que los agresores sobornen a la policía (McGranahan et al. 2021; Transparency International 2016: 10). En Uganda, según los informes, esto llevó a las mujeres afectadas a abstenerse por completo de ponerse en contacto con las autoridades.

Las investigaciones sugieren que los tribunales inferiores son particularmente susceptibles a las prácticas corruptas que producen resultados discriminatorios de género (ONU Mujeres 2018: 143). De hecho, en algunos entornos, "la corrupción, el abuso de poder y la falta de profesionalidad de las instituciones de justicia formales, así como las presiones culturales y familiares que desalientan las denuncias formales" orillan a las mujeres hacia mecanismos de justicia informales (ONU Mujeres 2018: 252).

Además, las mujeres pueden correr un riesgo mayor que los hombres de ser objeto de formas extorsivas de corrupción cuando intentan acceder a la justicia (OEA 2022): 26; OSCE 2021b: 15). Las arraigadas desigualdades socioeconómicas entre mujeres y hombres pueden hacer que las mujeres sean con más frecuencia el blanco de las exigencias de sobornos por parte de funcionarios públicos corruptos (Ellis et al. 2006; UNDP 2010). Esto puede deberse al hecho de que los funcionarios corruptos asumen que las mujeres carecen de acceso a la justicia, desconocen sus derechos o carecen de protección laboral formal (Boehm y Sierra, 2015). Tales suposiciones son a menudo infundadas. No obstante, estos cálculos por parte de funcionarios corruptos se basan en prácticas discriminatorias reales y generalizadas (PNUD 2010: 8- 12).

La desigualdad de género puede ser especialmente marcada cuando los procedimientos judiciales se relacionan con la propiedad (Transparencia Internacional 2018). Un estudio realizado en 2015 en Ghana reveló que el 40% de las mujeres afirmó que la corrupción en el proceso legal obstaculizaba su acceso a la tierra, en comparación con el 23% de los hombres (ONU Mujeres 2020: 20). Como era de esperar, la falta de acceso a la justicia se asocia con mayores índices de pobreza y menor participación cívica (ONU Mujeres 2020: 38).

No todas las formas de corrupción que impiden el acceso de las mujeres a la justicia son pecuniarias. La Red Mundial de Integridad Judicial de la UNODC (2019: 15-18) ha documentado múltiples casos de corrupción sexual dirigidos contra las mujeres durante los procedimientos judiciales y las interacciones con jueces y administradores judiciales.

Cómo las desigualdades de género impiden a las mujeres denunciar la corrupción

A pesar de sufrir desproporcionadamente el impacto de género de la corrupción, los datos más recientes indican que las mujeres parecen tener menos probabilidades que los hombres de denunciar la corrupción o de que su denuncia de corrupción se registre o se actúe en consecuencia. Aunque no se trata de un conjunto de datos representativo, entre 2011 y 2021, solo el 34 % de las personas que presentaron denuncias en la red mundial de Centros de Defensa y Asesoramiento Jurídico de Transparency International eran mujeres (Transparency International 2021: 7).

Se cree que esta menor tasa de denuncia es el resultado de múltiples factores que se combinan para "socavar el sentido de eficacia personal de las mujeres y [...] obstaculizar su capacidad para denunciar y desafiar la corrupción" (Transparency International 2021: 8).

En primer lugar, algunas de las barreras que impiden a las mujeres denunciar casos de corrupción son la percepción fundada de sesgo de género en la tramitación de los casos de corrupción; existen pruebas de que las denuncias de corrupción presentadas por mujeres tienden a ser desestimadas con más frecuencia que las presentadas por hombres (Transparency International 2020a: 30). Un estudio reciente sobre la salud sexual y reproductiva de las adolescentes y mujeres jóvenes que viven en barrios marginales de Uganda reveló que el hecho de que los agentes de la ley se tomaran en serio una denuncia de violación dependía del sexo, la posición económica, la educación y la edad de la persona (McGranahan et al. 2021). Del mismo modo, una investigación reciente en Madagascar reveló que la confluencia de múltiples motivos de discriminación impedía que las mujeres con albinismo impugnaran las prácticas corruptas y exigieran reparación al sistema de justicia (Barnes 2024: 79- 80). Este hecho, unido a su infrarrepresentación general en muchos sistemas judiciales, podría explicar por qué las mujeres parecen tener opiniones más pesimistas que los hombres sobre la utilidad de denunciar la corrupción (Transparency International 2021: 13).

En segundo lugar, debido a sus roles sociales y a las desigualdades de género, las mujeres pueden carecer de recursos económicos o de tiempo para denunciar la corrupción y verse enredadas en largos procesos judiciales. Los datos de una encuesta de hogares realizada en Europa en 2016 revelaron que las mujeres eran marginalmente menos propensas que los hombres (36% frente a 39%) a denunciar la corrupción si tenían que asistir a los tribunales para brindar pruebas (Transparency International 2021: 8).

En tercer lugar, las mujeres pueden ser menos conscientes de sus derechos y de los canales adecuados para denunciar la corrupción (Women Development Organization 2021; 22-23; Transparency International 2021: 3). UNDP (2010: 8) ha informado de que las prácticas discriminatorias en la escolarización en algunos países pueden hacer que las mujeres tengan un conocimiento más limitado de sus derechos legales. Los datos del Barómetro Global de la Corrupción revelaron que el número de mujeres que conocían su derecho a la información era menor que el de hombres en Asia (46% de hombres frente al 43% de mujeres), mientras que en Europa el 18% de las mujeres declararon no saber dónde denunciar casos de corrupción, frente al 15% de los hombres (Transparency International 2021): 9- 10).

En cuarto lugar, las mujeres parecen más propensas que los hombres a temer represalias cuando denuncian casos de corrupción. Los datos de encuestas representativas han demostrado que en la Unión Europea (UE), América Latina y Asia, las mujeres son menos propensas a pensar que las personas pueden denunciar la corrupción sin temor a represalias, normalmente en unos 5 puntos porcentuales (Transparency International 2021: 6). En este sentido, la falta de mecanismos de denuncia con perspectiva de género a disposición de las mujeres es un verdadero problema (Transparency International 2016: 10), lo cual es especialmente grave en los casos de corrupción sexual (de Castro 2018). Esto se debe al estigma social y los tabúes culturales asociados a este tipo de delitos (World Vision 2016), la dificultad para recabar evidencia,e90175a857c0 el riesgo de revictimización y de tener que revivir el trauma, los mitos discriminatorios y los estereotipos sexuales y, en algunos países, incluso el riesgo de ser procesado por pagar un soborno (sexual) o cometer adulterio (Transparencia Internacional 2020a).

Papel de las mujeres en la reducción del impacto de la corrupción en la justicia

Aumentar la representación de las mujeres en las fuerzas del orden y en el poder judicial es una posible medida para reducir el impacto de la corrupción en el acceso de las mujeres a la justicia. Malik (2021) sostiene que los esfuerzos por aumentar el número de juezas pueden generar una mayor confianza pública en el poder judicial y garantizar que los resultados judiciales tengan más en cuenta las cuestiones de género. En su estudio sobre Burundi, Niyonkuru (2021) coincide, argumentando que una mayor diversidad de género en el poder judicial mejoraría el acceso de las mujeres a la justicia.

En cuanto a la aplicación de la ley, ha habido algunos intentos de establecer unidades policiales solo para mujeres en nombre de la reducción de la corrupción y el aumento de la denuncia de delitos sexuales, entre otros en México y la India (AFP 2015; Watson y Close 2016). Sin embargo, se han documentado efectos negativos de estas políticas; Jassal (2020) concluyó que la introducción de estaciones de policía exclusivamente femeninas en la India provocó que las estaciones de policía convencionales se negaran a registrar delitos de género, así como un aumento de los gastos de desplazamiento para las mujeres que buscan justicia. Del mismo modo, en Pakistán, Ahmad (2019) constata que las mujeres policía no han sido capaces de reducir la corrupción policial.

En términos más generales, una recomendación común en la literatura es que los jueces, fiscales y personal de las fuerzas del orden reciban capacitación sobre la integración de la perspectiva de género en relación con los delitos relacionados con la corrupción (OEA 2022): 64). Se considera que mejorar las respuestas de aplicación de la ley a los casos de corrupción dentro del sistema de justicia es otro paso importante para generar confianza entre las mujeres y ampliar el acceso a la justicia (ONU Mujeres 2018: 90).

Cuando se trata de aumentar la tasa de denuncias de corrupción por parte de las mujeres, una propuesta común es hacer que los canales de denuncia sean más accesibles, asequibles y seguros (Zúñiga 2020). El Manual para profesionales sobre la programación del acceso de las mujeres a la justicia (Practitioner's Toolkit on Women's Access to Justice Programming) subraya que "los mecanismos de denuncia deben ubicarse dentro de las instituciones de justicia dotadas de personal independiente y capacitado para abordar las denuncias de corrupción, abuso de poder y acoso sexual" (ONU Mujeres 2018: 94). Sensibilizar a la comunidad sobre estos mecanismos y hacerlos fácilmente accesibles es una consideración importante (Organización para el Desarrollo de la Mujer. 2021: 23). En este sentido, los capítulos de Transparency International en diversos países han creado clínicas móviles para recabar y responder a las denuncias de corrupción, delitos sexuales y otras infracciones de las mujeres de las zonas rurales (Transparency International 2021: 14).

Participación de la mujer en la elaboración de políticas y en el gobierno

Impacto de la corrupción en la participación política de las mujeres

Corrupción y representación política de las mujeres

Las mujeres de todo el mundo están infrarrepresentadas en el ámbito político. En 2024, solo el 26.9% de los miembros de los parlamentos serán mujeres (UIP 2024; ONU Mujeres 2024). La corrupción es una barrera directa a la participación de las mujeres en la política, que afecta tanto al sufragio activo como al pasivo.

En cuanto al sufragio activo, algunos estudios sugieren que las mujeres tienden a ser más buscadas para las prácticas de compra de votos, especialmente a través de la entrega de "regalos" en especie (Cigane y Ohman 2014). De este modo, la corrupción en los procesos electorales puede desvirtuar y limitar las oportunidades de las mujeres de emitir su voto de manera que informe los procesos políticos y la toma de decisiones (McDonald y Jenkins 2021: 26).

En cuanto al sufragio pasivo, cierta evidencia indica que en entornos con altos niveles de corrupción política, las mujeres tienen menos probabilidades de acceder a la vida política. Un estudio comparativo de 18 países europeos, por ejemplo, reveló que allí donde la corrupción es elevada, el número de mujeres electas es relativamente bajo (Sundstrom y Wangnerud 2014).

La investigación de diferentes sistemas electorales indica que el reclutamiento político de mujeres es más difícil en entornos corruptos o clientelistas donde las mujeres tienen más probabilidades de ser excluidas de las redes políticas dominadas por hombres y de los acuerdos de intermediación de poder (Grimes y Wangnerud 2015; Sundstrom y Wangnerud 2014). Bjarnegård (2013) sostiene que, por razones históricas, las redes políticas corruptas suelen estar dominadas por hombres, y la exigencia de estas redes de mantener tanto el secreto como la confianza dentro del grupo les motiva a reclutar a otros hombres que muestren normas que les resulten familiares. Se ha demostrado que la colusión entre hombres que forman parte de estas redes clientelares obstaculiza el acceso de las mujeres a las oportunidades políticas y económicas (Bauhr et al. 2018; Galli et al. 2016).

La falta de representación política de las mujeres aumenta el riesgo de que los legisladores tomen decisiones que no tengan en cuenta las cuestiones de género. En el mejor de los casos, las mujeres dependen de políticas y programas para atender sus necesidades específicas que han sido diseñados por hombres. En el peor de los casos, como en los entornos donde la corrupción política es sistémica, las redes de clientelismo dominadas por los hombres pueden olvidar por completo los intereses de las mujeres y las niñas (Bergin 2024: 36). Esta exclusión podría dejar a grupos como las mujeres más vulnerables al impacto de la corrupción y el mal gobierno.

Impacto de los escándalos de corrupción en la representación política de las mujeres

Una cuestión que es objeto de un creciente escrutinio académico es el efecto de las revelaciones sobre la corrupción de los cargos electos en la participación y representación política de las mujeres.

En su estudio sobre las elecciones locales en Brasil, Díaz y Piazza (2022) descubren que, cuando se pone al descubierto la corrupción en los cargos públicos, más mujeres se animan a presentarse como candidatas contra los ocupantes de cargos públicos corruptos, especialmente cuando el ocupante del cargo implicado es un hombre. Sin embargo, las revelaciones de corrupción por sí mismas no aumentan las posibilidades de las candidatas de ganar las elecciones. Los autores sugieren dos razones para ello. En primer lugar, constatan que las barreras institucionales para los políticos principiantes, como la ventaja del cargo, afectan desproporcionadamente a las mujeres. En segundo lugar, las candidatas luchan por movilizar el mismo nivel de financiación de campaña que sus oponentes masculinos, especialmente en localidades corruptas, debido a las normas de género que sirven para impedir la entrada de las mujeres en la política.

Un estudio de Baraldi y Ronza (2024) concluye que, tras la disolución de los ayuntamientos italianos en respuesta a la infiltración de la mafia identificada, el nivel de corrupción disminuye, mientras que la probabilidad de que las mujeres sean elegidas concejalas y alcaldesas aumenta drásticamente. Esto sugiere que, contrariamente a las conclusiones de Díaz y Piazza (2022) sobre Brasil, las mujeres pueden tener más probabilidades no sólo de competir en las elecciones tras un escándalo de corrupción, sino también de ganarlas. Los autores sugieren que esto se debe a la menor predisposición de los votantes contra las mujeres como legisladoras tras los casos de corrupción (Baraldi y Ronza 2024).

Del mismo modo, Petherick (2019: 164) concluye que, cuando los votantes brasileños se enteran de la corrupción de un hombre en el cargo, aumenta la demanda de candidatas. En concreto, cuando se repiten las elecciones municipales debido a que se ha detectado compra de votos, las candidatas suelen obtener mejores resultados en las elecciones repetidas (Petherick 2019: 24). La autora vincula esto con una documentación más amplia sobre la política latinoamericana en la que la desconfianza en el gobierno «fomenta el apoyo al liderazgo femenino como alternativa al desprestigiado sistema (masculino)" (Petherick 2019): 64). Desde su perspectiva, el fenómeno se explica por el estereotipo de género de los votantes sobre la 'incorruptibilidad femenina' (Petherick 2019: 72).

Efectivamente, parece que muchos políticos son conscientes de que los votantes asocian a las mujeres con un comportamiento más ético y esperan de ellas un estándar más elevado. Armstrong et al. (2022) descubren que en los países donde se cree que aumenta la corrupción, pero donde la rendición de cuentas democrática es importante, es más probable que los jefes de gobierno nombren a una mujer ministra de Economía. Los autores interpretan esto como una especie de gesto virtuoso por parte del gobierno hacia los votantes para demostrar su compromiso de "acabar con la irregularidad económica", dado el estereotipo popular de que las mujeres son menos corruptas que los hombres (Armstrong 2022).

La otra cara de la moneda es que, una vez en el cargo, en comparación con los hombres, los votantes pueden exigir a las mujeres unos estándares éticos más elevados y castigarlas con mayor rigor por las irregularidades percibidas (Barnes y Beaulieu 2014; Barnes y Beaulieu 2018). Un estudio experimental de Żemojtel-Piotrowska et al (2017) y los estudios de caso de Pereira (2020) sobre las elecciones mexicanas y brasileñas concluyen que los votantes son propensos a sancionar más severamente a las mujeres que ocupan cargos públicos por corrupción que a sus homólogos masculinos. Eggers et al. (2018) descubren que, si bien las mujeres políticas en Gran Bretaña no se enfrentan a un castigo significativamente mayor por mala conducta en general, las mujeres votantes son más propensas a sancionar a las mujeres políticas por comportamiento poco ético.

Merkle y Wong (2020) señalan la correlación entre las actitudes de los individuos hacia el liderazgo político femenino y su tolerancia a la corrupción. Por lo tanto, proponen que las intervenciones centradas en cambiar las normas de género y las actitudes patriarcales a nivel popular podrían contribuir a los esfuerzos contra la corrupción.

Importancia de la participación política de las mujeres en la prevención y el control de la corrupción

La participación política de las mujeres, ejercida a través del sufragio activo y pasivo, puede contribuir potencialmente a reducir los niveles de corrupción.

Sufragio activo

Existen indicios de que las mujeres están más dispuestas a utilizar su voto para destituir a los políticos corruptos y apoyar a candidatos "más limpios" (o al menos "más frescos"). En un estudio de 21 países europeos, Alexander et al. (2019) concluyen que las mujeres son más propensas que los hombres a votar por candidatos alternativos cuando el partido de su preferencia se ve implicado en un escándalo de corrupción. El efecto es más fuerte en los países donde el gasto social es elevado, lo que puede no sorprender, ya que otros estudios sugieren que las mujeres votantes son más propensas a priorizar la prestación de servicios públicos que los hombres (Stensöta y Wängnerud 2018; Ennser-Jedenastik 2017; Smith 2014), y tienen una "mayor propensión a basar las decisiones de voto en cuestiones sociales" (Bauhr y Charron 2020: 94).

Sufragio pasivo

La relación entre la presencia de mujeres en cargos de poder político y los niveles de corrupción ha sido objeto de intenso estudio en los últimos veinte años. Además, algunos países han introducido medidas para aumentar las oportunidades políticas de las mujeres. Brasil, por ejemplo, ha estipulado que los partidos asignen a las candidatas un mínimo del 30% del tiempo de publicidad y de los fondos de campaña, aunque el impacto real de estas cuotas aún no está claro (Diaz y Piazza 2021: 19). Algunos académicos, como Soyaltin-Colella y Cin (2022: 12), afirman que la noción de promover la participación política de las mujeres como medida anti-corrupción (especialmente a través de cuotas de género) es meramente simbólica y enmascara prejuicios de género subyacentes.

No obstante, numerosos artículos han defendido que existe una fuerte asociación empírica entre la representación política de las mujeres y el control de la corrupción, y algunos estudios indican que existe una relación causal entre el aumento del número de mujeres en cargos electos y una menor incidencia de la corrupción (Alexander et al. 2023; Bauhr y Charron 2021; Bauhr et al. 2018; Bauhr et al. 2024b; Brollo y Troiano 2016; Correa Martínez y Jetter 2016; de Barros Reis et al. 2024; Esarey y Schwindt-Bayer 2018; Esarey y Schwindt-Bayer 2019; Jha y Sarangi 2018). Se han propuesto y evaluado diversos mecanismos causales que podrían explicar esta observación.

Dollar, Fisman y Gatti (2001) señalan estudios de comportamiento que demuestran que las mujeres son más dignas de confianza y con más espíritu público que los hombres. Esta escuela de pensamiento se asoció con lo que se denominó la teoría del "sexo débil" en el campo de la lucha contra la corrupción. La literatura reciente sobre el papel de las mujeres responsables de la formulación de políticas en la prevención de la corrupción presenta una imagen más matizada que la planteada por los primeros trabajos teóricos sobre el "sexo débil".

Varios estudios han cuestionado la idea de que las mujeres son menos corruptibles que sus homólogos masculinos, sobre todo porque pueden iniciarse en prácticas corruptas una vez en el cargo (Barnes y Beaulieu 2018; Mywangi et al. 2022). Por ejemplo, en un estudio de las elecciones municipales francesas, Bauhr y Charron (2021) encontraron que, si bien las alcaldesas recién elegidas están asociadas a menores riesgos de corrupción en las adquisiciones municipales, las diferencias de género en el alcance del riesgo de corrupción son insignificantes en los municipios donde las alcaldesas han sido reelegidas. Bauhr y Charron (2020) sugieren que esto indica que las mujeres acaban adaptándose a las redes corruptas para sobrevivir en el cargo, sobre todo porque las representantes recién elegidas que atacan agresivamente la corrupción pueden reducir sus posibilidades de reelección al generar hostilidad por parte de las élites corruptas arraigadas (Bauhr y Charron 2021).

Se han propuesto otras posibles explicaciones de por qué la presencia de mujeres en el poder parece dar lugar con frecuencia a tasas más bajas de corrupción, entre ellas la de Bauhr et al. (2018), que observaron que la elección de mujeres para los consejos locales en 20 países de la UE estaba fuertemente asociada negativamente con la prevalencia de la pequeña y gran corrupción. Sostienen que, una vez que acceden a un cargo público, las representantes femeninas tratan de promover dos agendas políticas distintas: en primer lugar, la mejora de la prestación de servicios públicos en sectores que tienden a beneficiar principalmente a las mujeres y, en segundo lugar, la ruptura de las redes clientelares dominadas por los hombres.

En el primer caso, numerosos estudios corroboran la idea de que las mujeres elegidas para cargos públicos priorizan el gasto social y la prestación de servicios (Bolzendahl 2009; Ennser-Jedenastik 2017; Merkle 2022; Smith 2014).

Con respecto a esto último, un conjunto de estudios ha aportado cierto apoyo a la teoría de la marginación según la cual es menos probable que las mujeres participen en transacciones corruptas simplemente debido a su exclusión de las redes de élite dominadas por hombres (Barnes 2016; Bjarnegård 2013; Goetz 2007). Desde este punto de vista, las mujeres recién llegadas a la política pueden estar menos vinculadas a las redes clientelistas existentes y, al menos durante un período inicial tras su toma de posesión, esto puede ofrecer una oportunidad para alterar los patrones establecidos de comportamiento corrupto.

Existe cierta evidencia empírica que apoya esta idea. Un estudio realizado en Argentina reveló que las mujeres elegidas para el parlamento tienen más probabilidades que sus homólogos masculinos de representar a partidos políticos alternativos a los partidos tradicionales asociados con redes clientelares (Franceschet y Piscopo 2013). En México, un grupo de investigadores encontró que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de comenzar sus carreras políticas como miembros de la sociedad civil en lugar de ascender a través de las filas de las redes clientelares establecidas (Rothstein 2016 citado en UNDOC 2020: 37). Estos resultados implican que las mujeres políticas pueden dirigirse a diferentes electorados y podrían tener incentivos para romper las redes clientelares establecidas en las que se apoyan sus oponentes.

Bauhr y Charron (2020: 92) y Bauhr y Schwindt-Bayer (2024) proponen así que existe un círculo virtuoso; en los sistemas donde el reclutamiento político no se controla a través de sistemas corruptos y clientelares, las mujeres tienen más probabilidades de acceder a cargos electos (véase también Stockemer y Sundström 2019; Sundström y Wängnerud 2014) y, una vez allí, pueden contribuir a desestabilizar aún más las redes que perpetúan la corrupción política.

Por último, cabe señalar que la relación entre la presencia de mujeres en puestos de autoridad política y el alcance de la corrupción está mediada por el tipo de régimen. La asociación es más fuerte en las democracias que en las autocracias y en los sistemas parlamentarios que en los presidenciales (Esarey y Schwindt-Bayer 2017; Bauhr y Schwindt-Bayer 2024; Stensöta y Wängnerud 2018).